Obligación de implantar un canal de denuncias seguro y confidencial
Con la aprobación por el Congreso de la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, como transposición de la Directiva 2019/1937 de la Unión Europea, se obliga a empresas y entidades a habilitar un canal de denuncias o canal interno de información. El objetivo es que los empleados, o cualquier tercero que colabore con ellas, pueda comunicar comportamientos alejados de la ética o presuntamente ilegales de forma confidencial, segura y sin miedo a represalias.
¿Qué es un canal de denuncias?
Un canal de denuncias o canal interno de información, consiste en un sistema que alerta al equipo responsable de cumplimiento normativo sobre presuntas malas prácticas en la gestión de una empresa u organización garantizando la protección del denunciante.
El objetivo es identificar presuntas malas prácticas que puedan suponer un riesgo para la empresa y de esta manera poner los medios necesarios para su remediación, siempre mediante sistema seguro que garantice la confidencialidad de los denunciantes y evite filtraciones que puedan dañar la reputación de la empresa.
Requisitos del canal de denuncias
Además de ser eficaz, el canal de información debe cumplir con los siguientes requisitos:
• Asegurar el anonimato del informante y garantizar la confidencialidad de sus datos.
• Se debe nombrar un responsable de la gestión del canal de denuncias, el cual debe estar lo suficientemente formado para garantizar el correcto funcionamiento del mismo.
• Garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos por la ley para los pasos a seguir en el proceso de tramitación de una denuncia.
• Permitir el acceso tanto a trabajadores como cualquier persona externa a la compañía que tenga cualquier tipo de relación con la misma.
¿Que normativas regulan canal de denuncias?
• La Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Se aprobó el 16 de febrero de 2023 como trasnposicion de la Directiva Europea 2019/1937. El objetivo es la protección de los informantes, para que puedan comunicar comportamientos alejados de la ética o presuntamente ilegales de forma confidencial, segura y sin miedo a represalias.
• Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en el artículo 52.1 s define como infracción grave no disponer de un canal de denuncias conforme a los requisitos marcados por la Ley.
• La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, destaca en su artículo 12 la obligatoriedad de todas las empresas de establecer procedimientos específicos para dar cauce a las denuncias o reclamaciones relacionadas con las conductas de tipo sexual.
Posibles sanciones
La ley 2/2023 establece sanciones según la gravedad de la infección estableciendo varios niveles, por ejemplo:
• Leve: No cumplir los plazos marcados para la gestión de las comunicaciones. Hasta 100.000 de sanción.
• Grave: No aplicar las medidas suficientes para garantizar la confidencialidad de las informaciones. Entre 100.000 y 600.000 de sanción.
• Muy grave: No disponer de un sistema interno de información según lo exigido por ley. Entre 600.000 y 1.000.000 de sanción
¿Tienes dudas sobre lo que implica esta nueva obligación para tu empresa u organización?, en DAXIA ponemos a tu disposición la mejor solución tecnológica y el equipo humano más profesional para dar cobertura a esta nueva obligación legal
Ver también
La AEPD multa con 9000 por no ocultar los destinatarios de un email.
Sanciones por incumplimiento de la Ley de Protección de Datos
Servicio de Delegado de Protección de Datos
Image by vectorjuice on Freepik